El transporte como política de Estado, no de gobierno

La República Dominicana ha realizado importantes inversiones en infraestructura de transporte, incluyendo metro, monorriel y teleféricos. Sin embargo, el verdadero desafío del transporte público urbano radica en la falta de una política de Estado que garantice coherencia, continuidad y sostenibilidad en el sistema. Actualmente, el enfoque se basa en proyectos aislados, lo que dificulta la creación de una red integrada que responda a una planificación a largo plazo. La Ley 63-17 busca establecer una política integral de movilidad que supere la fragmentación institucional y mejore la calidad del servicio. Aunque la ley propone una estructura clara y un órgano rector, su implementación ha resultado en una complejidad que obstaculiza la coordinación entre entidades y la ejecución de decisiones alineadas. Esto ha llevado a que las inversiones no se integren adecuadamente, limitando su impacto en la movilidad urbana. Es crucial que el transporte público no dependa de los ciclos políticos, ya que sus efectos se extienden por décadas. La falta de continuidad en las decisiones puede generar una planificación intermitente y afectar la acumulación de conocimiento en el sector. Para avanzar, es necesario establecer una visión de red a largo plazo, definir funciones claras para cada entidad y garantizar la sostenibilidad financiera, así como la transparencia en la información sobre proyectos.