La lógica mafiosa de las guerras arancelarias de Trump
Durante su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha integrado la extorsión y la coacción como elementos centrales de la política económica de Estados Unidos, utilizando aranceles, sanciones y otras formas de presión económica tanto contra adversarios como aliados. Este enfoque, que ha sido calificado de estilo mafioso, ha comenzado a mostrar sus efectos negativos en la economía estadounidense y en la economía global. Al regresar a la Casa Blanca, Trump dejó claro que consideraba los aranceles más como armas que como herramientas de política comercial. En abril de 2025, presentó sus aranceles del "Día de la Liberación", que imponían altos gravámenes específicos por país a las importaciones, con el objetivo declarado de reducir el déficit comercial de Estados Unidos, aunque los aranceles estaban desconectados de la realidad económica.
Las medidas arancelarias generaron una gran incertidumbre, afectando tanto a exportadores como a importadores. La situación se complicó aún más con el comportamiento errático de Trump, quien anunciaba, suspendía y aumentaba los aranceles sin previo aviso. En febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que Trump había excedido su autoridad arancelaria según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional anuló su intento de imponer un arancel general del 10% a las importaciones de casi todos los países. A pesar de estos reveses judiciales, la administración Trump ha apelado las decisiones y ha comenzado procedimientos contra 16 países por prácticas comerciales desleales.
Trump ha utilizado los aranceles como una forma de chantaje en negociaciones comerciales, presionando a socios como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Arabia Saudita y la Unión Europea para que realicen inversiones significativas en la economía estadounidense. Por ejemplo, se impuso un arancel del 25% sobre las exportaciones de automóviles de Japón, que luego fue ajustado tras compromisos de Japón de importar más productos agrícolas estadounidenses y de invertir 550,000 millones de dólares en industrias clave de EE. UU. En el caso de Corea del Sur, se acordó una inversión de 350,000 millones de dólares a cambio de la reducción de aranceles, pero Trump volvió a aumentar los aranceles tras acusar al país de no cumplir con sus compromisos.
Este enfoque de la administración Trump ha suscitado dudas sobre la viabilidad económica de las inversiones forzadas, ya que muchas de las industrias seleccionadas son aquellas donde los costos de producción en EE. UU. son más altos que en otros países. Además, el 90% de los beneficios de estas inversiones iría a parar a Estados Unidos, lo que ha llevado a cuestionar la naturaleza de estos acuerdos, que se asemejan más a pagos de tributos que a inversiones legítimas. La ironía radica en que, aunque Trump justifica sus aranceles como una manera de reducir déficits comerciales, la entrada de inversiones podría fortalecer el dólar y aumentar las importaciones, ampliando así los déficits que su política busca combatir. Este giro hacia el favoritismo político en lugar de la competencia de mercado podría tener repercusiones negativas en la economía global, enviando un mensaje claro de que Estados Unidos está dispuesto a utilizar su poder económico para extraer recursos de países más débiles.