Defensa Pública denuncia hacinamiento extremo en destacamento de SDE
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) interpuso una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, tras denunciar graves condiciones de hacinamiento e insalubridad en el área de detención del destacamento ubicado en el sector Alma Rosa, en el municipio Santo Domingo Este.
La acción fue presentada luego de una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames, quienes comprobaron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales.
De los detenidos, 27 esperaban el conocimiento de medidas de coerción o diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que otros 58 ya contaban con medidas de coerción impuestas por los tribunales, pero seguían en el destacamento debido a retrasos en su traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió que esta situación no constituye un hecho aislado, sino una problemática que se ha agravado en distintos destacamentos de Santo Domingo Este.
“No podemos normalizar que personas permanezcan durante días o semanas en destacamentos policiales que fueron concebidos para detenciones transitorias. Esta situación vulnera la dignidad humana, afecta el debido proceso y compromete seriamente el funcionamiento del sistema de justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de detención acordes con la Constitución y asegurar el traslado oportuno de quienes ya cuentan con una medida de coerción hacia los centros penitenciarios correspondientes”, expresó Valentín Santos.
La Defensa Pública sostuvo que esta situación refleja deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que provoca que personas permanezcan durante días o semanas en instalaciones policiales que no están diseñadas para albergar internos de manera prolongada.
Según la institución, las condiciones observadas afectan derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física y moral, el derecho a la salud, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución y por tratados internacionales suscritos por la República Dominicana.
La audiencia fue fijada para el próximo 10 de julio de 2026, fecha en la que las instituciones accionadas deberán depositar sus escritos de defensa antes de que el tribunal conozca el fondo de la acción de amparo.