La contratación pública en estado de excepción permanente

La República Dominicana ha aprobado una nueva Ley de Contrataciones Públicas, la Ley 47-25, con el objetivo de mejorar la transparencia, la competencia y la planificación en la ejecución de obras. Sin embargo, a pesar de estos avances, se observa un incremento en los regímenes especiales que flexibilizan estos principios para ciertos proyectos públicos. Este fenómeno plantea un riesgo significativo: la excepción, que debería ser temporal, se está convirtiendo en un método habitual de contratación, lo que podría comprometer la trazabilidad y el control fiscal. La Ley 118-21, inicialmente concebida para abordar la paralización de obras durante la pandemia, ha sido ampliada por la Ley 83-24 y, más recientemente, por el proyecto aprobado en abril de 2026. Esto sugiere que la flexibilidad, en lugar de ser una herramienta limitada, se está transformando en una vía recurrente para resolver problemas que deberían haber sido abordados con una planificación adecuada desde el principio. La preocupación radica en que, al operar bajo diferentes regímenes, los proyectos pueden estar sujetos a niveles de competencia y control dispares, afectando la coherencia institucional. Es fundamental que la República Dominicana no solo se enfoque en finalizar obras necesarias, sino que también mantenga la integridad de su sistema de contratación pública.