No es privatización
Es una apuesta por un Estado que aprende de su historia, supera los temores del pasado y se prepara para gestionar con responsabilidad los servicios estratégicos del futuro.
En la República Dominicana, pocas expresiones generan tanta suspicacia como “reforma del Estado” o “reestructuración institucional”. La experiencia de los años noventa, cuando varias empresas estatales fueron privatizadas o capitalizadas, dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Desde entonces, cualquier intento de modernizar entidades públicas estratégicas suele interpretarse, casi de manera automática, como una amenaza al patrimonio estatal. Los decretos núm. 55-26 y 60-26, emitidos recientemente por el Poder Ejecutivo, no han escapado a esa reacción. Sin embargo, una lectura seria y desapasionada conduce a una conclusión clara: no estamos ante un proceso de privatización.
Conviene recordar que estas decisiones no surgen en el vacío. La Ley 63-17, aprobada en 2017, estableció expresamente en su artículo 356 la necesidad de transformar tanto la OPRET como la OMSA en empresas públicas o mixtas, dotadas de un marco jurídico que les permitiera operar con mayor eficiencia y sostenibilidad. Es decir, la creación de la EMT no es una ocurrencia coyuntural, sino el cumplimiento de un mandato legal postergado durante varios años.
Es precisamente ahí donde se distingue el enfoque actual. La EMT nace como una empresa pública con personalidad jurídica propia, patrimonio estatal y reglas claras de gobierno corporativo. Su rol se concentra en la operación y el mantenimiento de los sistemas de transporte masivo, mientras que la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras se canalizan a través del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM). Esta separación de funciones no debilita al Estado; por el contrario, reduce duplicidades, mejora la rendición de cuentas y alinea responsabilidades.
En el caso de la ETED, el Decreto 55-26 reafirma su carácter de empresa estatal, preserva la continuidad jurídica y patrimonial, y delimita con mayor precisión su rol como operador técnico del sistema de transmisión eléctrica, sin invadir las funciones de regulación ni de formulación de políticas públicas. Este principio —operador separado del regulador— es un estándar reconocido internacionalmente y una condición básica para la eficiencia y la transparencia.
Hablar de privatización en este contexto resulta impreciso. No hay venta de acciones, no hay transferencia de activos ni concesión del control a intereses privados. Además, cualquier modificación futura en la propiedad de estas empresas requeriría una ley aprobada por el Congreso Nacional, no un decreto. El marco jurídico vigente ofrece, por tanto, salvaguardas suficientes para proteger el interés público.
El verdadero riesgo no está en modernizar las empresas públicas, sino en mantener estructuras rígidas, poco eficientes y desalineadas de las demandas actuales. Un Estado moderno no se define por la cantidad de empresas que posee, sino por la calidad con la que las gestiona. La visión del presidente Luis Abinader apunta precisamente a eso: empresas públicas más profesionales, con reglas claras, mayor transparencia y mejores resultados para los ciudadanos.
No es privatización. Es una apuesta por un Estado que aprende de su historia, supera los temores del pasado y se prepara para gestionar con responsabilidad los servicios estratégicos del futuro.
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Abogado, egresado de la PUCMM
Maestrías en Ciencias Políticas, Gobierno y Administración Pública (Universidad Complutense de Madrid) y en Seguridad y Defensa Nacional (INSUDE).