Defensa de Donald Guerrero desmiente acusación de red de cobro ilegal y resalta su labor en Hacienda

La abogada María del Pilar Zuleta, parte del equipo de defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, presentó ante el tribunal una serie de pruebas documentales que, según afirma, desmantelan la tesis del Ministerio Público sobre una supuesta estructura gubernamental dedicada al cobro ilegal a bancas de lotería y tragamonedas. Durante su intervención, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Zuleta sostuvo que las acciones de Donald Guerrero al frente del Ministerio de Hacienda no buscaban extorsionar, sino regularizar y transparentar un sector históricamente informal. Entre las pruebas presentadas destacan las memorias institucionales de los años 2018 y 2019, así como diversas resoluciones que establecieron requisitos estrictos para la concesión de permisos. Mencionó la resolución 115-2019, que establece políticas para la solicitud y concesión de permisos de operación de bancas, la resolución 136-2019, que creó el marco para acuerdos de pago por concepto de penalidades, buscando la transparencia de los fondos recaudados y la resolución 158-2019, que Implementó la supervisión y monitoreo de las bancas de lotería a nivel nacional. "El Ministerio Público guarda silencio ante su propia acusación. Hemos demostrado que las intervenciones eran parte de un esfuerzo sin precedentes para lograr una supervisión efectiva de las operaciones de loterías en todo el país", afirmó la abogada. La defensa argumentó que es contradictorio acusar a Donald Guerrero de beneficiarse de una red ilegal cuando, bajo su gestión, se llevaron a cabo incautaciones masivas de equipos y clausuras de establecimientos ilegales. Zuleta sostuvo que el exministro no solo firmó resoluciones de control, sino que ejecutó operativos de campo documentados por la prensa nacional de la época. “Si él se estuviera beneficiando de esa estructura, no la atacaría. Lo que hizo fue cumplir legalmente con su función y su compromiso de Estado”, puntualizó la profesional del derecho. Un punto central de la defensa fue la ausencia de testigos que vinculan directamente a Donald Guerrero con irregularidades. Según Zuleta, no existe "ni un solo dueño de banca" que pueda testificar haber entregado dinero de manera ilícita al exfuncionario. Asimismo, aclaró que la Ley 139-11, que levantó la prohibición de nuevas bancas, fue una disposición legislativa y no una decisión administrativa del exministro, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad sobre dicha normativa. “Las acciones de Donald Guerrero fueron actos administrativos reglados y transparentes, orientados a la fiscalización del Estado y no al enriquecimiento ilícito”, enfatizó la abogada Zuleta. En cuanto al tema de las bancas de apuestas, la defensa solicitó al tribunal dictar un auto de no ha lugar en favor de Donald Guerrero, argumentando que el Ministerio Público no ha logrado superar el estándar probatorio mínimo para demostrar su participación en el supuesto esquema de cobros ilegales o en la operación de máquinas tragamonedas.