Elevado costo al Estado por asistencias de salud

A la red de hospitales públicos va a parar cada año un elevado número víctimas de sucesos viales y de dolencias de todo tipo sin recursos para costear atenciones médicas que en la mayoría de los casos resultan de alto costo, lo que coloca en situación extremadamente difícil al sistema asistencial y es principal causa de que, haciendo denodados esfuerzos, lo centros operen con un déficit de más de 13 mil millones de pesos.. Aunque el Servicio Nacional de Salud que rige a los establecimientos exhibe avances importantes para responder de la mejor manera posible a las incesantes multitudes de pacientes de diferentes situaciones que se reciben por todo el país, su director, doctor Julio Landrón, admitió en comparecencia al almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, que con un faltante de recursos tan importante, muchas demandas de servicio quedan sin atenciones. La expansión estructural con hospitales nuevos y la rehabilitación de otros no son suficientes para el desafío de ascendentes flujos de personas en busca de auxilio médico.. Sobre el Estado recae una buena parte de la gestión sanitaria a través del Seguro Nacional de Salud, Senasa, que está en pie y sobrevive sufragado por los contribuyentes tras una virtual bancarrota puesta en manos de la justicia. Institucionalmente, y en solitario como aseguradora, se ocupa de las enfermedades de más de dos millones y medio de afiliados en la categoría de subsidiados 100%, una gratuidad justa y humanitaria pero que resta con severidad recursos para otras prioridades de la nación.. Un desbalance causado en gran medida por legiones de motociclistas tolerados en sus violaciones de tránsito con participación en más del 60% de los siniestros en la circulación vial. El 1.8% del Producto Interno Bruto, PBI, corre por su cuenta. Sufren los traumas más severos tanto por sus imprudencias como por la impunidad con que agreden las leyes aumentando el gasto público asistencial con elevada proporción de graves lesiones craneales que en ocasiones cuestan al fisco entre 200 mil y un millón de pesos. Un precio demasiado alto para una sociedad indignada por la falta de controles sobre los usuarios de ese tipo de vehículos.